13.31 h. Francisco Javier Camacho, responsable de la Oficina de la Viceprensidencia de la Junta en Huelva, cree que es una buena noticia para los onubenses que el Gobierno central haya dejado sobre la mesa del Consejo Nacional de Administración Local la reforma de los Ayuntamientos que tenía prevista aprobar de manera inmediata.
Según Camacho estamos ante un proyecto de reforma de la administración local que utiliza la crisis como pretexto para seguir desmantelando el Estado consagrado en la Constitución.
El PP "pretende intervenir a los Ayuntamientos por la puerta de atrás (ya lo ha hecho parcialmente con los Planes de Ajustes para pagar a proveedores) y devolverlos políticamente a la situación preconstitucional de 1.979". Un ataque en toda regla al “poder local”. Medidas contempladas como la reducción de Concejales en un 30 % (un 99% de ellos no cobran nada) "responden a una concepción antidemocrática y populista de los Ayuntamientos que no tiene justificación económica alguna".
El anteproyecto conocido pretende quitar competencias que trasladaría a las Diputaciones Provinciales en los municipios menores de 20.000 habitantes que no “demuestren” su capacidad para ejercerlas mediante un sistema aun no explicitado. Una posibilidad que po
dría afectar a 74 de los 79 Ayuntamientos de la provincia y de la que solo se salvarían los municipios de Almonte, Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y la propia capital.
Detrás de esta reforma se esconde, según Camacho, la intención de privatizar servicios públicos que, recogidos de manera masiva por las Diputaciones, pasarían de inmediato a ser prestados por empresas y llevando aparejados pérdidas de puestos de trabajo en muchos casos. Los Ayuntamientos así se reducirían a meros entes de gestión de muy pocos asuntos y por tanto "muy alejados de la concepción de pilar fundamental del Estado, cercano a la ciudadanía y con verdadera capacidad de garantizar servicios públicos de calidad y incidir en el desarrollo local y el empleo de manera activa y eficaz".
La reforma que pretende el ejecutivo de Rajoy olvida, según el responsable de IU, que la “incapacidad para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales no responde a ninguna minoría de edad institucional sino al hecho de ser los entes locales peor financiados de Europa". El debate, todavía inconcluso, ha sido siempre la financiación autonómica, y tanto el PP como el PSOE cuando "han gobernado siempre han dejado sobre la mesa o aparcado el debate de la insuficiencia financiera de las entidades locales y la valoración adecuada de las competencias propias".
Pero además, según el representante de IU, los Ayuntamientos también han ido asumiendo competencias impropias desde el año 79 debido a la cercanía a los problemas: servicios de urgencias sanitarias, políticas de desarrollo local, educativas, etc. La crisis económica actual de los Ayuntamientos responde, salvo excepciones, a esa realidad. "No se puede olvidar que en casi toda Europa en los municipios recae el 25% del total del gasto público en España no llegamos en la actualidad ni al 13 %".
Por todo ello Camacho hace un llamamiento, a todos los Alcaldes y Concejales, para que "muestren su rechazo a este nuevo intento de reforma/intervención de las Administraciones Locales que solo conseguirá empeorar las condiciones de vida y el bienestar en las pequeñas ciudades y alejar y privatizar la gestión de los servicios esenciales que ahora se prestan a los ciudadanos".
El Gobierno, según el Responsable de la Vicepresidencia en Huelva, tiene "la obligación de dialogar con los Ayuntamientos, escuchar sus opiniones, y tratar con el respeto institucional que merecen a los entes locales al frente de los cuales se encuentran representantes públicos que también han sido elegidos democráticamente por el pueblo para que solventen sus problemas cotidianos de manera eficaz. Ningún partido político, tampoco el PP, llevó en su programa electoral una reforma tan sustancial como esta del modelo de Estado consensuado en la Constitución y por tanto el PP no está legitimado ni legal ni democráticamente para hacerlo de manera unilateral".