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huelva24.com
Viernes, 6 julio 2012
Debido a los recortes

Los trabajadores sociales denuncian la "regresión en el sistema y la ruptura de la cohesión social"

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11.03 h. En torno a estas premisas se ha centrado la conferencia ‘Los servicios sociales y la dependencia, en la encrucijada’ que ha pronunciado José Manuel Ramírez, Presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en compañía de Alejandra Orta, presidenta del colegio profesional de Huelva. Un acto que ha servido además para iniciar una campaña de protesta bajo el lema ‘Marea naranja’ contra las políticas restrictivas del Gobierno central en el ámbito social.

[Img #41331]Durante la conferencia, organizada por el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Huelva, los conferenciantes han explicado en total, el recorte es de 394.440.000 euros, lo que supone un 16% menos de presupuesto que en 2011. El malabarismo contable de reducir porcentaje en los créditos ampliables de la dependencia encubre un recorte generalizado del 28% en el Plan Nacional sobre Drogas, un 39% en los Servicios Sociales a personas mayores, un 19% en discapacidad, un 21% en actuaciones en violencia de género, un 42% en atención a la infancia y a las familias o un 20% en Igualdad.

Los presupuestos generales del estado para 2012 suprimen la partida dedicada a la financiación del nivel acordado establecido en el artículo 10 de la Ley 39/2006. Se trata de 283 millones de euros. En Andalucía, el recorte es de unos 62 millones. Según los trabajadores sociales, esta reducción tiene varios efectos concatenados, como el incremento del déficit autonómico en 283 millones de euros; mayores dificultades para que las comunidades autónomas atiendan a las 270.000 personas afectadas, de ellas 70.000 andaluces con derecho reconocido y a las que se mantienen en una "irritante espera que, más que limbo, es directamente un engaño"; se imposibilitará la atención a nuevos casos con derechos reconocido que se produzcan en adelante, consagrando así el grave retroceso del sistema.

62 millones de recortes en Andalucía, destinados a los servicios, no solo equivale a atender a 35.000 personas menos (en Andalucía, 9.000 beneficiarios), sino que su recorte supone dejar de crear 8.000 puestos de trabajo en el sector de los cuidados (en Andalucía, 1.800 puestos de trabajo menos) y una reducción de ingresos por retornos al Estado de unos 113 millones de euros.

Una cifra así, destinada a los servicios, no solo equivale a atender a 35.000 personas menos (en Andalucía, 9.000 beneficiarios), sino que su recorte supone dejar de crear 8.000 puestos de trabajo en el sector de los cuidados (en Andalucía, 1.800 puestos de trabajo menos) y una reducción de ingresos por retornos al Estado de unos 113 millones de euros.

Prestaciones básicas
El presupuesto para 2012 es de 49.913.840 euros. Esta cifra supone un recorte de 36.795.066 euros y del 43% en la aplicación presupuestaria 26.16.231F.45300 de 2011, que era de 86.633.150 euros. En Andalucía supone un recorte de 8,2 millones de euros.

En opinión de los trabajadores sociales, todo ello concluye en una gravísima situación de crisis que ha producido un aumento del 39% de usuarios de servicios sociales. En palabras de su presidenta en Huelva, “la frialdad con la que se anuncian estas consecuencias en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 contrasta con la cruda realidad de las personas y familias en España. La consecuencia de esta situación de desbordamiento de las necesidades más básicas de cientos de miles, de millones de personas y familias, y la drástica reducción de las ayudas que pueden esperar por parte de las administraciones públicas sólo puede desembocar en un grave conflicto que supondrá la quiebra de la cohesión social que tanto ha costado construir en nuestro país, y una seria regresión social de la que costará décadas recuperarse”.

“Hacemos un dramático llamamiento al Gobierno del PP, con la legitimidad y la fuerza que nos dan las voces de los miles de personas angustiadas que recibimos a diario, para que recapacite y dé marcha atrás a estos recortes en los servicios sociales aprovechando el trámite parlamentario. Mucho más que una cuestión política, es una exigencia humana”, ha subrayado Orta.

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