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Agencias
Viernes, 10 noviembre 2017 | Leída 322 veces
la jueza "debió disolver el jurado"

La acusación particular pide un nuevo juicio o revocar la absolución al acusado del doble crimen

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18.55 h. La representación legal de las acusaciones particulares que, en nombre de las familias de las víctimas ejerce el abogado Luis Romero, ha solicitado, en el recurso presentado contra la sentencia absolutoria a Francisco Javier Medina, el único acusado por el doble crimen de Almonte –en el que murieron asesinados un padre y su hija de ocho años en abril de 2013–, la repetición del juicio con un nuevo jurado popular o que se revoque la sentencia absolutoria.

De este modo, según recoge el extracto del recurso de apelación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado solicita que se estime el recurso revocando la sentencia absolutoria y se proceda a acordar la nulidad de todo lo actuado en el juicio oral ordenando la devolución de la causa a la Audiencia Provincial de Huelva para que se celebre un nuevo juicio con un nuevo jurado y magistrado-presidente, o bien alternativamente, condene a Francisco Javier Medina por los delitos de asesinato de los que venía siendo acusado.

 

En su extracto, el letrado expone una serie de motivos para su recurso como el quebrantamiento de las normas y garantías procesales, que causa indefensión a esta parte, infringiéndose el artículo 8.5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) y el derecho a un proceso con todas las garantías ya que "un miembro [Img #189327]del jurado suplente con discapacidad psíquica para ejercer su función de acuerdo con la LOTJ siguió perteneciendo al tribunal del jurado aún después de acreditar éste documentalmente que no reunía los requisitos para ello y, además, siendo este ciudadano el único suplente".

 

El letrado destaca que la magistrada-presidente "debió disolver el jurado y nombrar otro", así como considera que ha habido "una falta de motivación del veredicto del jurado y de la sentencia" y por tanto, "un quebrantamiento del derecho a la tutela judicial efectiva". Asimismo, ha señalado "la parcialidad en las instrucciones dadas al jurado por la magistrada presidente, lo cual ha influido evidentemente en la falta de motivación del veredicto".

 

Tras destacar "defectos y parcialidad en las instrucciones dadas al jurado", señala que se infringe el artículo 63.1 a) y b) de la LOTJ al no "haber devuelto la magistrada al jurado el acta para que completase adecuadamente el veredicto". Así, estima que los elementos de convicción que utiliza el jurado para declarar la inculpabilidad son "insuficientes en relación al contenido de todas las pruebas practicadas" y considera que el veredicto incurre en "arbitrariedad" porque "desconoce ciertos medios probatorios sin justificar que lo motiva".

 

Romero remarca en su recurso que tras un largo juicio y tantas pruebas testificales, periciales y documentales practicadas, "sólo analiza unas cuantas declaraciones testificales y dos pruebas periciales, lo cual supone una absoluta indefensión para esta acusación particular". Otro de los argumentos esgrimidos es que "el veredicto incurre en errores" puesto que, "en la mayoría de las ocasiones, no se concretan cuáles son esas declaraciones efectuadas en el juicio por los testigos y a las que se refieren".

 

Así las cosas, "a la vista de tan deficiente motivación del veredicto, la magistrada presidente, para velar por la tutela judicial efectiva, debería haber utilizado la vía del artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para devolver al acta al jurado y exigir respuestas más adecuadas y aceptables". "En este caso, la no devolución del acta al jurado entraña nulidad de la sentencia que recoge y desarrolla el veredicto", prosigue, antes de remarcar que la fundamentación de la sentencia "no supera los parámetros constitucionales mínimos y suficientes de motivación que el caso exigía".

 

Asimismo, denuncia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española porque, atendida la prueba practicada en el juicio, "carece de toda base razonable el veredicto emitido por el jurado y la sentencia dictada en base a éste" conforme a varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento criminal, así como incide en que hay "un error" en la apreciación de la prueba, en concreto del informe pericial del Instituto Nacional de Toxicología sobre el ADN de Francisco Javier Medina en tres toallas de la vivienda de los hechos.

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6 Comentarios
Fecha: Martes, 14 noviembre 2017 a las 21:38
antonio
La psicología del testimonio toda una ciencia que se ocupa del.estudio de aquellos rasgos que delatan el grado de fidelidad con la verda.las veces que frunce el ceño,inflexiones de voz,miradas... loque cuenta y como, lo cuenta estos sintomas tuvo la oportunidad d everlos los juzgadores en primer grado en el juicio que no los vera los magistadros superiores
Fecha: Martes, 14 noviembre 2017 a las 21:32
antonio
Fiscal,guardia civil,acusacion particular jueces de la instrucción an estado haciendo su trabajo bien que era el acusatorio. El jurado popular a cumplido con su cometido que era fallar lo mas logicamente y justamemte a su entender.NO HECHEN MAS LEÑA AL FUEGO todavia si alguna parte no esta satisfecha tiene el derecho a que le revisen el caso otro magistrados superiores pero la sicologia del testimonio solo a podido observarla de cerca los juzgadores
Fecha: Martes, 14 noviembre 2017 a las 15:18
ROCÍO
El hecho de que un delito como éste se juzgue con jurado popular siempre da respeto porque puede suceder lo que ha ocurrido: que por más que fiscal / guardia civil / los diferentes jueces no dejandolo salir de prisión en tantos años han dejado claro que el sospechoso era culpable, el jurado popular podría no entender la rotundidad de las pruebas por la maraña que la defensa lograse tejer...Ojalá fuese juzgado por un tribunal profesional, pero ante eso, la familia no tiene nada que reclamar (ni al antes del juicio ni tras el resultado, porque por el tipo de delito se juzga así y punto. Lo que si puede es no darse por vencido, seguir confiando en la justici y presentar recurso. Aquí no hay ninguna sentencia firme así que lo de apechugar, se dejará para más adelante, a ver de qué lado cae la responsabilidad de hacerlo.
Fecha: Domingo, 12 noviembre 2017 a las 12:24
antonio
Huelva 75 los familiares que sufrido una perdida tan importante van a luchar asta el final con loque te queiro desir que de iwal modo si el juicio uviese sido celebrado por un jurado ordinario como puede ser la audiencia provincial y el.fallo judicial uviera sido el mismo tambiem uvieran recurrido la semtencia para poder opinar sobre como hay que juzgar, ahi que tener muy amplios conocimientos sobre derecho entonces sabras el porque se celebran juicios con jurado popular
Fecha: Sábado, 11 noviembre 2017 a las 09:40
María
Huelva 75, me "encanta" tu planteamiento por lo científico. Apechugar no es una opción jurídica. La acusación particular recurre la sentencia judicial y hará las alegaciones pertinentes. Está en su derecho.
Fecha: Viernes, 10 noviembre 2017 a las 23:32
Huelva75
La pregunta del millón,¿porque la acusación particular es decir los familiares de los dos fallecidos cuando supieron que juzgarían al supuestamente culpable un ‘’jurado popular’’ no se opusieron para pedir que lo juzgara un juez?,muy sencillo,porque los familiares de las dos victimas estaban completamente seguro de que este individuo lo iban a declarar culpable y mira por donde lo han declarado inocente,pues ahora que apechuguen con la decisión de este jurado.

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