UPA critica que 'unos 80 millones de kilos de fresa de menor tamaño y con alguna deformación' se destine al uso industrial en Huelva

Como ha indicado año tras año es habitual que, desde enero a junio, los productores de fresas de Huelva destinen aquella fresa de menor tamaño y con alguna deformación al uso industrial. Esto supone, aproximadamente, 80 millones de kilos de fresa de industria, lo cual es una cantidad considerable de producto. Así, desde hace varias campañas UPA-Huelva ha criticado públicamente como el sector industrial se aprovecha de la necesidad de salida de este producto que tienen los agricultores, imponiendo la relación comercial sin el establecimiento de un contrato que asegure al productor las condiciones de venta (precio, cantidad y período de entrega). El sector industrial siempre actúa de la misma forma: de enero a junio los productores van aportando fresa y la industria llena sus almacenes; dependiendo del nivel de llenado y en el momento en el que el agricultor está pensando en finalizar la campaña, la industria le insta a seguir produciendo para llegar a su tope de almacenamiento poniendo un precio con carácter retroactivo inferior al que va a aplicar a partir de ese momento, han precisado desde UPA. Ante esto, se han preguntado por qué no se aplica el precio final desde el principio de la campaña, al tiempo que desde UPA exigen que el precio y condiciones deben quedar por escrito en contrato desde el principio de la campaña y que dicho precio debe de ser fijo y nunca por debajo del coste de producción, que entienden que es precisamente el espíritu del nuevo decreto. No obstante, han recordado que, durante esta campaña está ocurriendo lo mismo que en las anteriores: la industria hasta el momento no solo no ha pagado nada a nuestros agricultores ni ha firmado contrato alguno en la mayoría de los casos, sino que su intención es pagar entre agosto y septiembre. Esto supone un perjuicio económico para el agricultor, que desconoce hasta el final de la campaña qué precio se le va a aplicar y si este precio ha sido rentable frente a los costes de producción. Nuevo decretoAsí las cosas, ésta es otra más de las circunstancias que justifican las movilizaciones realizadas por los agricultores y fruto de ello ya se ha conseguido la publicación del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. Por tanto, es precisamente sobre esta base jurídica sobre la que en UPA-Huelva van a estudiar si cabe la denuncia de la actual relación comercial de la fresa destinada a industria, basada en la falta de contratos y la incógnita sobre la venta por debajo de costes tal y cómo se ha mencionado anteriormente y que son pilares fundamentales que pretende paliar el nuevo decreto. Las reivindicaciones siguen y deben seguir, pero también es momento de dar un paso más y pasar a los hechos y utilizar las herramientas con las que se cuenta, han señalado desde UPA, que van a estudiar esta posibilidad para que se haga justicia con una situación que se repite año tras año y en la que nuestros agricultores llevan ya demasiado tiempo en una posición de inferioridad manifiesta.

Así, desde hace varias campañas UPA-Huelva ha criticado públicamente como el sector industrial se aprovecha de la necesidad de salida de este producto que tienen los agricultores, imponiendo la relación comercial sin el establecimiento de un contrato que asegure al productor las condiciones de venta (precio, cantidad y período de entrega).

El sector industrial siempre actúa de la misma forma: de enero a junio los productores van aportando fresa y la industria llena sus almacenes; dependiendo del nivel de llenado y en el momento en el que el agricultor está pensando en finalizar la campaña, la industria le insta a seguir produciendo para llegar a su tope de almacenamiento poniendo un precio con carácter retroactivo inferior al que va a aplicar a partir de ese momento, han precisado desde UPA.

Ante esto, se han preguntado por qué no se aplica el precio final desde el principio de la campaña, al tiempo que desde UPA exigen que el precio y condiciones deben quedar por escrito en contrato desde el principio de la campaña y que dicho precio debe de ser fijo y nunca por debajo del coste de producción, que entienden que es precisamente el espíritu del nuevo decreto.

No obstante, han recordado que, durante esta campaña está ocurriendo lo mismo que en las anteriores: la industria hasta el momento no solo no ha pagado nada a nuestros agricultores ni ha firmado contrato alguno en la mayoría de los casos, sino que su intención es pagar entre agosto y septiembre. Esto supone un perjuicio económico para el agricultor, que desconoce hasta el final de la campaña qué precio se le va a aplicar y si este precio ha sido rentable frente a los costes de producción.

Por tanto, es precisamente sobre esta base jurídica sobre la que en UPA-Huelva van a estudiar si cabe la denuncia de la actual relación comercial de la fresa destinada a industria, basada en la falta de contratos y la incógnita sobre la venta por debajo de costes tal y cómo se ha mencionado anteriormente y que son pilares fundamentales que pretende paliar el nuevo decreto.

Las reivindicaciones siguen y deben seguir, pero también es momento de dar un paso más y pasar a los hechos y utilizar las herramientas con las que se cuenta, han señalado desde UPA, que van a estudiar esta posibilidad para que se haga justicia con una situación que se repite año tras año y en la que nuestros agricultores llevan ya demasiado tiempo en una posición de inferioridad manifiesta.