CCOO y UGT critican que en Huelva la pensión sea un 8% inferior a la media y anuncian movilizaciones

Por su parte, José Dolores y Emilio Remesal, representantes de pensionistas de CCOO y UGT, han mostrado su rechazo a la decisión del Gobierno de suprimir la fórmula de revalorización de pensiones públicas que hasta el año 2013 se aplicaba en el país.

Ambos sindicatos han criticado que se haya aprobado una nueva fórmula que supone una pérdida muy importante de poder adquisitivo de las pensiones. En este punto, han recordado que se ha subido el 0,25 por ciento para el año 2018 y ante esta pequeña subida, los representantes sindicales aseguran que la previsión de inflación del Gobierno es del 1,5 por ciento, todo ello con el agravante de las subidas de hasta un seis por ciento en la luz, el gas, y otros elementos de primera necesidad.

Según los datos que han aportado, Huelva tiene 95.607 pensionistas y la pensión media es de 856 euros, de manera que en la provincia se cobran 72 euros menos que en otra provincia. En Huelva más de 55.000 pensionistas que cobran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, han proseguido.

Los sindicatos califican de vergonzoso que desde el Gobierno central se diga que se crece al tres por ciento cuando las pensiones, en este caso, lo hace con cantidades ínfimas. No es equilibrada la subida de las pensiones con el encarecimiento del consumo de energías y otros productos de primera necesidad, han sostenido desde CCOO y UGT, que consideran que se está recortando el sistema público de pensiones al hacerlo insostenible con la subida desmesurada de los precios de electricidad, gas, etc.

Así las cosas, UGT y CCOO quieren trasladar a la sociedad onubense que el próximo 15 de febrero se manifestarán manifestamos para que las pensiones se revaloricen conforme al IPC previsto, y se garantice su poder adquisitivo mediante una cláusula de revisión automática. En su opinión, el Gobierno tiene paralizado el diálogo social y no atiende las iniciativas aprobadas en el Parlamento que piden, entre otras cosas, derogar la reforma de pensiones de 2013.

Para los sindicatos es necesario asegurar las pensiones presentes y futuras ya que hay que conseguir que los gastos del sistema se paguen como el resto de los organismos públicos, con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no con cotizaciones. Igualmente, han indicado que los incentivos a la contratación deben de salir de los PGE y no seguir castigando a la Seguridad social provocando menores ingresos de futuro. Del mismo modo, Fernández y Donaire han apuntado que la situación del sistema de pensiones empieza a ser urgente ya que el Fondo de Reserva está agotado, el Gobierno ha endeudado a la Seguridad Social en 10.000 millones adicionales y las personas pensionistas pierden poder adquisitivo cada día.

Estamos ante un sistema de pensiones precario, con subidas irrisorias y no equilibradas, han continuado y por todo ello, los sindicatos han instado al Gobierno central a que, en el marco del Pacto de Toledo, ponga las medidas necesarias para que las personas pensionistas y jubiladas recuperen una fórmula que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, una medida que por justicia y trabajo corresponde.